Desabastecimiento y más,consecuencias de bloqueos
Desabastecimiento de alimentos y más, consecuencia de bloqueos, en ciudades como Guadalajara de Buga, es lo que dejan dos semanas de taponamiento en la vía principal que comunica a esta ciudad y región con el centro, sur y el puerto de Buenaventura.
Los bloqueos han llevado al colapso a varias empresas de diferentes sectores que han anunciado su cierra inminente con la pérdida de miles de puestos de trabajo que dejarán en la calle a miles de familias.
La manifestación pacífico que inicialmente había tenido como propósito hacer que el gobierno retirara la reforma tributaria que había preparado y que desistiera de las nuevas reformas de la salud y pensional, considerada con varios conocedores del tema como en buena parte lesivas para los intereses de la mayoría de los colombianos, ha tomada un carácter más crítico con choques entre los manifestantes que se encuentran en los puntos del bloqueo de la vía panamericana y las unidades del Escuadro Antidisturbios ESMAD y demás unidades policiales de apoyo.
La protesta social está tomando un vuelco que pone a toda la economía en un grado crítico que empezar amenazar el aspecto de abastecimiento alimentario que invita a hacer una profunda reflexión a todos los actores involucrados, tanto la parte de quienes se manifiestan, que mayoritariamente son jóvenes y la fuerza policial.
También se ha conocido de parte de algunas personas que se movilizan en las vías, sobre la presencia de ciertos individuos que al parecer no serían nacionales, que estarían participando, llegando hasta a exigir el pago de peajes para que la gente en sus vehículos y los transportadores puedan pasar con sus productos.
Así mismo se ha denunciado el uso inadecuado de elementos como los gases lacrimógenos utilizados por las unidades antidisturbios, conociendo imágenes de arrojo de estos en calles de barrios de la ciudad de Guadalajara de Buga, como el barrio Aures y Paloblanco, llegando a ver en video tomas en donde se aprecian los gases en los pasajes, cerca de las residencias.
Situación que además de afectar a la comunidad de los barrios, cuestiona un debido procedimiento, en el que tras buscar perseguir a los manifestantes, se está poniendo en riesgo la integridad de las miembros de las familias, en donde hay personas adultas, mayores, niños y hasta personas con patologías que son vulnerables y más aún en esta circunstancia que se está atravesando con la pandemia del Cobid-19.
De otra parte y algo que es muy grave, es la percepción hacia el exterior que se está mostrando, que presenta una imagen muy negativa de una nación, en donde la fuerza institucional del Estado está reprimiendo con violencia el derecho a la protesta pacífica, llegando hasta el punto de conocerse de demandas ante los tribunales internacionales de justicia que comprometen a funcionarios estatales.
Este hecho como nunca antes, muestra la peligrosísima posibilidad que Colombia sea estigmatizada y aislada con los otros bloqueos internacionales, conociéndose de comunicados expedidos en los Estados Unidos de parte de varios congresistas, quienes le solicitan al Secretario de Estado Antoni John Blinken, la suspensión de la asistencia directa a la policía nacional de Colombia, hasta que no se observen mejoras reales en el uso de la fuerza y no se asuma la responsabilidad judicial por los casos de brutalidad que se han evidenciado en medio de las protestas.
Así mismo la carta le pide al gobierno del Presidente Biden, hacer declaraciones “claras”, ”inequívocas y públicas” en las que se les pida a las fuerzas de seguridad colombianas y en especial a la policía nacional, y al Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, que pongan fin al ”uso indebido de la fuerza”.
De otra parte en el texto de la carta de los congresistas, se pide suspender la venta de armas y equipos antidisturbios al ESMAD, la
suspensión del suministro de elementos como son los gases lacrimógenos que utiliza la policía colombiana para el control de los disturbios, según lo que dice la comunicación.
Un conflicto social que por la manera como se presenta, requiere más que la fuerza, mucha inteligencia y sensatez para ser resuelto de la manera más pronta y eficaz posible.
A continuación presentamos una traducción (no oficial de la carta) publicada en el Diario El Espectador.
Congreso de los Estados Unidos
Washington, DC 20515
14 de mayo de 2021
Antony John Blinken
Secretario de Estado
Departamento de estado de los Estados Unidos
2201 Calle "C" NW
Washington, DC 20520
Estimado secretario Blinken,
Escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por la situación política y de derechos humanos en Colombia, que permanece fuera de control mientras la protesta legítima entra en una tercera semana.
Instamos al Departamento de Estado y a todos los demás departamentos y agencias de los Estados Unidos a que denuncien de manera clara e inequívoca la violencia, pida una reducción inmediata, ayuden a calmar las tensiones y faciliten soluciones sociales y políticas incluyentes en Colombia. Las declaraciones públicas firmes y las acciones de los Estados Unidos pueden ayudar a Colombia a restablecer la calma y la confianza y promover la promesa del acuerdo de paz de 2016 de resolver los desafíos a través de una participación amplia en el proceso político.
Las fuerzas de seguridad de Colombia, especialmente su Policía Nacional, están más desatadas de lo que jamás hemos visto: cientos de videos ciudadanos muestran el uso agresivo e indiscriminado de armas letales y no letales contra ciudadanos en formas que violan tanto la ley colombiana como las normas internacionales de derechos humanos. Según el Defensor del Pueblo, por lo menos 42 personas han sido asesinadas, y cientos más habían resultado heridas. Esta semana pasada, estuvimos sorprendidos aprender que la Policía Nacional abrió fuego a miembros no-armados de la Guardia Indígena. El uso brutal y excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional de Colombia y la policía antidisturbios ESMAD ha sido denunciado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, la Unión Europea y cientos de organizaciones colombianos e internacionales de derechos humanos, monitores y defensores.
Una larga lista de quejas, exacerbadas por la pandemia, tiene a la gente protestando en grandes cantidades en decenas de ciudades y pueblos. Durante las últimas dos semanas, hemos visto una intensificación significativa en el uso excesivo y agresivo de la fuerza contra manifestantes civiles, con el pretexto de concentrarse en esos elementos al margen de la protesta que han cometido actos de vandalismo, saqueos, asaltos y otros desórdenes.
Después de casi dos semanas de protestas, nosotros damos la bienvenida a las noticias de que el gobierno colombiano reunió con representantes de la mesa del paro, acompañados por observadores de las
Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal de los Obispos Católicos. A pesar de una primera reunión decepcionante, nosotros esperamos que este proceso va a reducir las tensiones, terminar con la respuesta brutal de la fuerza pública contra los manifestantes, y empezar a abordar las preocupaciones subyacentes mostradas por el paro.
Si bien Estados Unidos no puede resolver esta crisis, debería ser parte de la solución, comenzando con esfuerzos a plazo inmediato para detener la espiral de violencia. Después de décadas de estrecha alianza, que dice el gobierno de Estados Unidos tiene peso en Colombia, al igual que lo que el gobierno de Estados Unidos no dice. Específicamente, solicitamos que el Departamento de Estado y los varias agencias del gobierno de los Estados Unidos:
- Hacer declaraciones claras, inequívocas y públicas pidiendo a las fuerzas de seguridad, especialmente a la Policía Nacional y la Policía Antidisturbios (ESMAD) de Colombia, que cambien su respuesta y pongan fin a todo uso indebido de la fuerza. Es necesario poner fin a los numerosos y frecuentes abusos de las últimas dos semanas. De hecho, la brutalidad policial está prolongando las protestas: es una nueva y significativa fuente de indignación que envía a la gente a las calles. Mientras estamos de acuerdo con el comunicado el 4 de mayo del vocero asistente del Departamento de Estado y concordamos que es importante condenar elementos que cometen desorden al mismo tiempo que las protestas, no debe haber ambigüedad sobre las críticas públicas del gobierno de los Estados Unidos a la mala conducta policial.
- Suspender toda la asistencia directa de Estados Unidos, que no sea la capacitación en derechos humanos, a la Policía Nacional de Colombia hasta que veamos mejoras reales en el uso de la fuerza y la responsabilidad judicial por casos de brutalidad policial pasados, incluidos los cometidos en el contexto de las protestas de noviembre de 2019 y septiembre de 2020. El año pasado, en 2020, Temblores, una organización colombiana que monitorea la brutalidad policial, documentó 86 casos de civiles asesinados por la policía, junto con “7.992 casos de agresión y 30 casos de violencia sexual, con comunidades migrantes y afrocolombianos a menudo las víctimas”, reportó The Guardian. Junto con la suspensión, el Departamento de Estado y otras agencias relevantes deben llevar a cabo una revisión exhaustiva de cómo se ha utilizado y se está utilizando la asistencia de Estados Unidos a la policía nacional colombiana, incluido el uso final, establecer metas para progreso en el uso apropiado o de la fuerza y contabilidad en la justicia, y determinar si existen condiciones adicionales, salvaguardas, prohibiciones o si la terminación es necesario. El Departamento de Estado también debe decidir donde la Ley Leahy necesita ser aplicada donde hay prueba creíble de unidades policiacas involucrados en graves violaciones de derechos humanos.
- Asegurar que la unidad de policía antidisturbios del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional de Colombia (ESMAD) no reciba cooperación de los Estados Unidos, directa o indirectamente. El ESMAD tiene una formación y una cultura que conducen a acciones inquietantemente agresivas y abusivas contra la población civil, incluidos los manifestantes que no representan ninguna amenaza. El resultado son muchas víctimas —el ESMAD ha llevado a cabo más de las tres cuartas partes de todos los asesinatos atribuidos a las fuerzas de seguridad durante las protestas actuales— y una intensificación innecesaria de los enfrentamientos. Pedimos que el Departamento de Estado y otras agencias estadounidenses relevantes confirmen que la ESMAD no recibe cooperación de seguridad, sea directa o indirecta (o sea, cooperación estadounidense a la Policía Nacional o el Ministerio de Defensa, etcétera, que sea compartido con ESMAD). Además, solicitamos al Departamento de Estado que urge a la justicia ordinaria a que responsabilice al personal de ESMAD involucrado en casos graves de abuso.
- Congelar todas las ventas de armas, equipo, servicios o capacitación al ESMAD; y congelar cualquiera cooperación o venta de equipo antidisturbios o de control de multitudes a todas las demás fuerzas de seguridad, policía y unidades especiales de
Colombia. Las licencias de Ventas Militares en el Extranjero y Ventas Comerciales Directas deben suspenderse ahora mismo para evitar contribuir indirectamente a un mayor abuso y escalada. Las ventas solo deben reanudarse cuando la evidencia indique que los abusadores están siendo juzgados judicialmente y los protocolos colombianos de uso de la fuerza se han reformado satisfactoriamente y los cambios observados y confirmados sobre el terreno en operaciones futuras.
- Advierta al gobierno de Colombia en contra del despliegue de su ejército endurecido por el combate para el control de multitudes. El ejército colombiano ha estado luchando contra enemigos internos como grupos guerrilleros armados desde la década de 1960. Como tal, estableció una historia de ver a la población civil con sospecha. Además, tiene poca o ninguna capacitación en desescalada o control de multitudes y la probabilidad de una respuesta militar indiscriminada y desproporcionada es preocupante.
- Exigir que el gobierno colombiano respete y garantice el trabajo de los defensores de derechos humanos y periodistas relacionados con las protestas. Muchos periodistas dando cobertura al paro nacional y las protestas y defensores de los derechos humanos que monitorean la protesta e intentan verificar los presuntos abusos policiales se han enfrentado a ataques y agresiones por parte del personal de las fuerzas de seguridad.
- Rechazar públicamente declaraciones de altos funcionarios del gobierno colombiano, políticos, fiscales y otros que impliquen que las protestas o actos de vandalismo y desorden son planificados y coordinados por grupos terroristas. Tal retórica sirve como un pretexto peligroso para justificar una represión y una escalada de violencia aún más duras contra la población civil.
- Finalmente, y lo que es importante, instar y fomentar el diálogo, y facilitarlo cuando corresponda. Como notamos arriba, damos la bienvenida a la primera reunión el lunes entre la administración Duque y representantes del paro nacional. Para terminar con protestas en el pasado, el gobierno de Duque a menudo ha prometido diálogo y luego no ha cumplido esas promesas. Llegar a un diálogo genuino e inclusivo puede requerir insistencia, y quizás mediación y el compromiso de los buenos oficios de los amigos de Colombia. Estados Unidos debería ser el primero y más importante entre esos amigos y debe apoyar abiertamente esfuerzos por otros garantes. La promoción de un diálogo abierto, multisectorial y de base amplia debe hacer referencia a los acuerdos de paz de 2016, que crearon un marco prometedor para la participación política no violenta.
Además, señor secretario, a medida que disminuyen las tensiones, instamos a Estados Unidos a poner inmediatamente a disposición de Colombia (y de América Latina en general) decenas de millones de las dosis excedentes de la vacuna COVID-19 que ha almacenado. Colombia está experimentando su tercer y más letal aumento de COVID-19. Podemos marcar una diferencia genuina en el restablecimiento de la salud, la seguridad, la confianza y la esperanza entre el pueblo colombiano. Señor secretario, Colombia podría salir de esta experiencia como un socio más fuerte y democrático de Estados Unidos. En sus calles ahora mismo hay una generación políticamente comprometida y preocupada por el futuro de su país. Si puede participar en un diálogo significativo, esta generación podría ayudar a que Colombia avance durante años, aumentando la calidad de la democracia y la probabilidad de paz y prosperidad.
Gracias por su atención y consideración serias e inmediatas a estas solicitudes.
Atentamente,
(Congresistas firmantes)
James P. McGovern
Member of Congress
Mark Pocan
Member of Congress
Jan Schakowsky
Member of Congress
Raúl M. Grijalva
Member of Congress
Rosa L. DeLauro
Member of Congress
Maxine Waters
Member of Congress
Frank Pallone, Jr.
Member of Congress
Nydia M. Velázquez
Member of Congres
John Yarmuth
Member of Congress
Zoe Lofgren
Member of Congress
/s/ /s/
David N. Cicilline
Member of Congress
Jesús C. “Chuy” García
Member of Congress
Ro Khanna
Member of Congress
Bobby L. Rush
Member of Congress
Dwight Evans
Member of Congress
Jamaal Bowman, Ed. D.
Member of Congress
Karen Bass
Member of Congress
Alan Lowenthal
Member of Congress
Earl Blumenauer
Member of Congress
Henry C. “Hank” Johnson, Jr.
Member of Congress
Mark DeSaulnier
Member of Congress
Anna G. Eshoo
Member of Congress
Jared Huffman
Member of Congress
Ayanna Pressley
Member of Congress
Andy Levin
Member of Congress
Grace Meng
Member of Congress
Eleanor Holmes Norton
Member of Congress
Alexandria Ocasio-Cortez
Member of Congress
Susan Wild
Member of Congress
Joaquin Castro
Member of Congress
Rashida Tlaib
Member of Congress
Juan Vargas
Member of Congress
Peter Welch
Member of Congress
Cori Bush
Member of Congress
Bill Pascrell, Jr.
Member of Congress
André Carson
Member of Congress
Grace F. Napolitano
Member of Congress
Norma J. Torres
Member of Congress
Suzanne Bonamici
Member of Congress
Emanuel Cleaver, II
Member of Congress
Dina Titus
Member of Congress
Sylvia R. Garcia
Member of Congress
Pramila Jayapal
Member of Congress
Bonnie Watson Coleman
Member of Congress
Stephen F. Lynch
Member of Congress
Linda T. Sánchez
Member of Congress
William R. Keating
Member of Congress
Ilhan Omar
Member of Congress
Jackie Speier
Member of Congress
Veronica Escobar
Member of Congress
Eddie Bernice Johnson
Member of Congress
Mondaire Jones
Member of Congress
Kim Schrier, M.D.
Member of Congress
Gerald E. Connolly
Member of Congress
Lloyd Doggett
Member of Congress