Cuáles son las prioridades del Plan Nacional de Política Criminal aprobado por el Consejo Superior de Política Criminal, para los próximos cuatro años, es la inquietud que surge.
Imagen superior:Miembros del Consejo Superior de Política Criminal.Foto de Colprensa.
Entre los objetivos que expone está: “Enfrentar la criminalidad en todo el territorio nacional, proteger los derechos de los colombianos, fortalecer la legitimidad y afianzar la confianza ciudadana en las instituciones, convirtiéndose este en la hoja de ruta con la que contará el Estado en el próximo cuatrienio.
Las prioridades que contempla el Plan Nacional de Política Criminal
El derrotero, contenido en el Plan Nacional de Política Criminal, establece siete prioridades con objetivos y estrategias muy puntuales. Entre ellas, la prevención del delito y reducción del homicidio, la prevención de violencias basadas en género, la disrupción del crimen organizado, la prevención de la participación de adolescentes y jóvenes en actividades criminales.
De acuerdo a lo afirmado por el Ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz: “El nuevo Plan Nacional de Política Criminal plantea un enfoque territorial, diferencial, restaurativo y focalizado, con el cual fortaleceremos la lucha contra el crimen organizado en nuestro país”, afirmó.
Agregando además que: “El Plan es fruto de un proceso de construcción iniciado hace dos años, que incluyó más de un centenar de reuniones de trabajo articulado y coordinado con todas las entidades que integran el Consejo Superior de Política Criminal, las cuales incluyen a la Rama Judicial, el Ministerio Público, el Congreso de la República y el Gobierno Nacional”.
Según lo expresado desde el Ministerio de Justicia, “este plan se construyó como una política criminal coherente, racional y garante de los derechos humanos que, además, imprime una visión real de la situación del país para prevenir el delito y reconstruir los lazos comunitarios en el marco de la justicia restaurativa y la resocialización”.
Según lo manifestado desde este ministerio: “los lineamientos, acciones y actividades contenidos en el Plan atienden e integran enfoques transversales, partiendo de la base de que la sanción penal debe ser la última de las alternativas del Estado para el tratamiento de las conductas criminales”.