Alarma por monopolio de semillas hace temblar a agricultores en Colombia

Una alarma por un monopolio en la propiedad de las semillas hace temblar a agricultores en Colombia
Ante las directrices de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales –UPOV; a las cuales este país se ha acogido luego de suscribir el Convenio UPOV 1191,en razón de haber sido esta una condición interpuesta por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea para la firma de los Tratados de Libre Comercio –TLC.
Foto tomada de Agencia de Noticias Universidad Nacional de Colombia.
Redacción: RIV
Un hecho que en algunos países no ha dejado una experiencia muy satisfactoria para los productores agrícolas, especialmente para los pequeños y medianos agricultores en países como Argentina y México, en donde luego de varios años en la aplicación de estas normas, ellas han dado como resultado la expansión de monocultivos a la mayor parte de las áreas cultivables, el control absoluto de la venta y comercialización de semillas en manos de monopolios agroindustriales y la disminución de la población campesina, que en algunas regiones está casi al borde de la extinción.
En el caso específico colombiano esta normatividad internacional a la que se ha suscrito Colombia se ha reunido en la Resolución 970 de 2010 del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, la cual prohíbe a los agricultores almacenar semillas de sus propias cosechas para siembras futuras y a cambio permite únicamente la compra de semillas “certificadas”.
“En países como Argentina y México han dado como resultado la expansión de monocultivos a la mayor parte de las áreas cultivables, el control absoluto de la venta y comercialización de semillas en manos de monopolios agroindustriales y la disminución de la población campesina”.
Hecho que ha sido uno de los motores de las airadas protestas de los productores agrícolas, siendo visto como una forma de favorecer a empresas multinacionales como Monsanto, Dupont y Syngenta, las organizaciones más fuertes en el mercado de los alimentos transgénicos.
Polémica que se hizo viral en las redes sociales luego del documental 9.70 de Victoria Solano, en el que se observa la destrucción por parte de agentes estatales de 70 toneladas de arroz producidas por los cultivadores de Campoalegre, en Huila, debido a que las semillas que utilizaron no eran certificadas.
En su defensa el instituto ha advertido que el espíritu de la resolución es el control fitosanitario para garantizar que los agricultores tengan semillas de excelente calidad.
Sin embargo en el citado documental y en otros medios de comunicación se han presentado varios casos de contaminación de semillas certificadas que han generado grandes pérdidas a los agricultores, esta vez sin que existan herramientas legales que obliguen a los productores o vendedores de estas semillas a responder.
En este sentido una de las mayores críticas que se la hace a la Resolución es que utiliza todo el aparato legal del Estado para reprimir y castigar a los ciudadanos que usen, regalen, intercambien o comercialicen cualquier tipo de semilla, mientras a los productores y vendedores de semillas certificadas no se los obliga a asumir ninguna responsabilidad.
Entre las situaciones que han generado desconcierto está la que se conoció con el caso de una orden de destrucción de las semillas de una variedad criolla de algodón, incluyendo el material parental, obligando a agricultores en Córdoba y Tolima a sembrar algodón transgénico de Monsanto que no produjo los resultados esperados, por lo que muchos se quebraron.
En Colombia hay diferentes posiciones a favor y en contra sobre la aplicación de estas normas de “derechos de obtentor de variedades vegetales” a las semillas transgénicas y sobre cómo reglamentar los controles fitosanitarios.
Surgiendo en el debate coincidencias en donde varios creen que tanto las semillas criollas como los pequeños productores deben ser excluidos de esta reglamentación, habiendo ambigüedad y faltando claridad en la Resolución 970.

Deja una respuesta