Paramilitares y guerrilla del ELN amenazan comunidades en el Chocó, denuncian organizaciones sociales

En un comunicado emitido  por varias organizaciones indígenas,  sociales y la Diócesis de Quibdó,  se ha denunciado la agudización de una crisis social y humanitaria generada por el conflicto armado que persiste entre grupos de la guerrilla del ELN  y paramilitares que operan en  la  zona de la cuenca del Atrato en el Chocó.

Imagen superior: Comunidad en El Chocó. Foto de Colprensa

Es así como el  Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (COCOMACIA), la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Diócesis de Quibdó, Pacipaz, y la Coordinación Regional del Pacifico Colombiano, denunciaron ante la Opinión Pública departamental, nacional e internacional, y organismos de control, una  grave situación y agudización de la crisis social y humanitaria generada por el recrudecimiento del conflicto armado y la falta de protección que padecen las comunidades afrodescendientes e indígenas de los ríos Opogadó, Napipí, Bojayá y todo el Medio Atrato, en el departamento del Chocó.

ANTECEDENTES:

Según el comunicado: “En los dos últimos años la Defensoría del Pueblo ha emitido varios informes de riesgo sobre la situación humanitaria, presencia de grupos armados ilegales y desprotección en el municipio de Bojayá y comunidades del Atrato”.

Por su parte, las organizaciones etnicoterritoriales afros e indígenas, junto con la Diócesis de Quibdó, ha venido  denunciando los constantes atropellos, violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH, sufridas por las comunidades de esta región.

En un contexto similar, el 2 de mayo de 2002, ocurrió la masacre de Bojayá, en la cual imperó la ley del silencio, el accionar de grupos armados al margen de la ley, la omisión de la Fuerza Pública y demás autoridades regionales y nacionales, que fueron cómplices de esta terrible tragedia que enlutó al departamento del Chocó.

Hechos recientes:

1. Desde enero de 2018, el ELN ha venido copando territorios en varios municipios del rio Atrato, hecho que ha sido denunciado en su momento, por los atropellos que han cometido a las familias que allí habitan.

2. Desde el mes de febrero de 2019, han venido presentándose enfrentamientos entre paramilitares denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la guerrilla del ELN en algunas zonas rurales del rio Opogadó, dejando a la población indígena de Unión Baquiaza, Egoróquera, Unión Cuití, Playita y a las comunidades afrodescendientes de Mesopotamia y Carrillo, en medio del conflicto y poniendo en riesgo la seguridad de las mismas.

En los dos últimos años la Defensoría del Pueblo ha emitido varios informes de riesgo sobre la situación humanitaria, presencia de grupos armados ilegales y desprotección en el municipio de Bojayá y comunidades del Atrato”

3. A raíz de estos hechos, numerosas familias de las comunidades negras e indígenas de Carillo, Unión Cuití, Unión Baquiaza, Mesopotamia y Pogue han empezado un desplazamiento forzado.

4. El accionar del ELN ha significado asesinatos, minas antipersonales, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, restricción de la movilidad, intimidación a las comunidades, irrespeto y desconocimiento al gobierno propio. Entre febrero y marzo, el ELN ha asesinado a 2 jóvenes en los ríos Bebará y Bebaramá.

5. En las comunidades, hay presencia de miembros del grupo paramilitar AGC, cuyo accionar ha profundizado la crisis humanitaria y social, evidenciándose en la restricción de la movilidad, de alimentos, medicina y combustible, amenazas a líderes y autoridades comunitarias, reclutamiento forzado y violencia basada en género.

6. A raíz de estos atropellos, más de 7.000 personas de comunidades afros e indígenas del municipio de Bojayá se encuentran confinadas y existe un riesgo inminente de que se presenten combates, dejando a la población en medio del fuego cruzado.

7. El accionar de miembros del Ejército y de la Armada en el Municipio de Bojayá no es eficaz y actúan en complicidad y connivencia con las AGC, agravando la situación de orden público. Una vez más, el Estado Colombiano omite sus obligaciones constitucionales de generar paz en el territorio, tal como ocurrió en el 2002, ya que por sus omisiones, fueron masacrados 79 civiles Afrocolombianos, cuyos cuerpos aún reposan en instalaciones de medicina legal en Medellín y no han sido identificados totalmente.

8. Los habitantes del Medio Atrato están muy preocupados, pues no pueden movilizarse libremente ni desarrollar sus actividades cotidianas por el temor generalizado de la presencia y accionar de actores armados.

En este sentido estas organizaciones sociales  han presentado una alerta al  Estado colombiano,  a la Comunidad Internacional, a organismos de Derechos Humanos y a la opinión pública, sobre esta alarmante situación. Tememos que los hechos ocurridos en Bellavista-Bojayá, hace 17 años, se pueden repetir en peores dimensiones.

Por su parte la Revista Imagen De los Vallecaucanos Región Pacífico se comunicó con algunos de los voceros de la minga pero hasta el momento no ha obtenido respuesta sobre varias de las inquietudes presentadas.