Los retos de la Justicia en Colombia, José Luís Barceló, Presidente de la Corte Suprema de Justicia  habla en exclusiva

El papel de la Justicia en lo que puede ser la consolidación o desmoronamiento de unos acuerdos de paz con las consabidas consecuencias que puede traer esto para todo un país, la galopante corrupción que penetra a todas las instituciones  de Estado, la ausencia de una  verdadera política criminal, la estrechez y limitación de recursos para operar  y la imparcialidad e independencia  de la Justicia frente  a lo que se ha llamado  “la politización” de la misma, son algunos de los retos que enfrenta la Justicia en Colombia y de lo cual habla en exclusiva el Presidente de la Corte Suprema Magistrado  José Luís Barceló Camacho.

RIV ¿Qué retos tiene la Justicia frente a un nuevo gobierno y a la consolidación de unos acuerdos de paz suscritos?

JLB Frente al nuevo gobierno nacional, la Justicia, sin perder de vista ni comprometer los axiomas amparados por la preceptiva contenida en el artículo 228 constitucional, cuales son la autonomía e independencia funcionales que le son propios, tiene, necesariamente, que asumir una actitud constante y permanente de diálogo y de generación de consensos interinstitucionales o interagenciales, en relación con los asuntos cruciales que, no de ahora sino de tiempo atrás, interesan a toda la sociedad colombiana, tales como la impunidad, la reforma y acceso a la justicia, la congestión judicial, la lucha contra la corrupción, entre otros.

Por otro lado, con la suscripción y ulterior ejecución del denominado «Acuerdo Final de Paz» entre el gobierno nacional saliente y las FARC-EP, la misma sociedad colombiana -incluyendo por supuesto las víctimas-, incluso la comunidad internacional, confían fundada o racionalmente en que los integrantes de dicha organización insurgente, en especial aquéllos que ocuparon una posición de mando o dominio, opten por reconocer de forma sincera y, por ende, completamente alejados de cualquier actitud altiva, sus respectivas responsabilidades ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, así como ante la Jurisdicción Especial para la Paz, visibilizando en el entorno colectivo a los diferentes sectores y actores -privados y públicos, incluyendo los políticos- que hubieren podido tener algún tipo de compromiso en el conflicto armado interno.

Resulta indiscutible que tal reconocimiento constituye un elemento medular o esencial de cualquier tratamiento especial de justicia.

Foto del  Presidente de la Corte  Suprema de Justicia Magistrado José Luís Barceló  Camacho.

De esta manera, la Justicia, en sentido macro, vale decir, sin personalizarla ni institucionalizarla, deberá acoplarse a dichas aspiraciones (colectiva e internacional), verificando de forma inquebrantable el reconocimiento de verdad y responsabilidades, el cual, en últimas, se traduce en un relevante indicador de legitimidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), configurado, como se sabe, por diversos mecanismos, no sólo de carácter judicial, sino también extra judicial, que deberán implementarse de manera armónica y coordinada con los claros designios de: (i) lograr la significativa satisfacción de los derechos de las víctimas, (ii) afianzar la rendición de cuentas por lo ocurrido, (iii) garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en el sistema y, (iv) contribuir en el afianzamiento de la convivencia, la reconciliación y la no repetición de las atrocidades y excesos del pasado, garantizando así la apacible y coherente transición del conflicto armado interno con las FARC-EP a lo que se ha dado en llamar el «posacuerdo».

“Hago un llamado para que dejemos trabajar al Tribunal de Paz y a las Salas y, única y exclusivamente a partir de sus ejecutorias funcionales y no de los prejuicios, algunos de ellos sectarios e irreflexivos, se efectúe un diagnóstico pragmático, realista, no sólo de dicho componente de justicia transicional, sino de todos los demás que conforman el SIVJRNR.”

RIV ¿La Jurisdicción Especial de Paz puede tener algunos puntos para revisar?

JLB Con la reciente aprobación y consecuente sanción presidencial de la ley de procedimiento correspondiente, resultaría temprano y ligero, si se quiere, irresponsable, efectuar tal precisión. Prefiero ser cauto y aguardar la verdadera puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz para especificar, absolutamente alejado de cualquier sesgo o propensión, sus aciertos y equivocaciones.

Así las cosas, hago un llamado para que dejemos trabajar al Tribunal de Paz y a las Salas y, única y exclusivamente a partir de sus ejecutorias funcionales y no de los prejuicios, algunos de ellos sectarios e irreflexivos, se efectúe un diagnóstico pragmático, realista, no sólo de dicho componente de justicia transicional, sino de todos los demás que conforman el SIVJRNR.

RIV Siendo la corrupción uno de los cánceres que carcome al interior la institucionalidad del Estado, ¿cuál debe ser el papel que debe asumir la Rama Judicial en Colombia, partiendo desde ella misma?

JLB Aquí debo ser enfático: cero tolerancia, permisión o complacencia con dicha realidad delincuencial, la cual, por cierto, no es un fenómeno privativo o exclusivo de nuestra amada Rama Judicial, sino que se ha presentado en las otras dos ramas del poder público y, por supuesto, en el sector privado.

Corte Suprema de Justicia en Plenaria.

Además, la dolorosa realidad judicial nacional reciente, amerita, más aún, impone, que como máximo representante de la Jurisdicción Ordinaria señale que resulta incuestionable que las múltiples investigaciones por corrupción han desdibujado la imagen intachable de la Rama Judicial, afectando su credibilidad social y legitimidad.
De esta manera, aunque la justicia en Colombia sigue afrontando una crisis incontestable y muy lamentable, es preciso reivindicar, tal como lo viene haciendo la Corte Suprema de Justicia mediante sus providencias, que las nociones de transparencia y equidad la siguen definiendo por conducto de funcionarios aptos e idóneos desde el punto de vista ético.

Así las cosas, el reto medular de las nuevas rutas hacia la trasformación de la Justicia y, por ende, de sus operadores, consiste en rescatar su mayor activo, vale decir, la credibilidad social y, por dicha vía, la legitimación, confianza en sus decisiones y, por ende, la seguridad jurídica.

“Pese a las dificultades, la imparcialidad e independencia siguen rigiendo la actividad de la Rama Judicial y de sus funcionarios y empleados que, al unísono, rechazamos la estigmatización”

Quiero exaltar que, pese a las dificultades, la imparcialidad e independencia siguen rigiendo la actividad de la Rama Judicial y de sus funcionarios y empleados que, al unísono, rechazamos la estigmatización.

En síntesis, resulta axiomática la necesidad de continuar desagraviando a la Justicia. Ello en busca del mayor beneficio, no de los funcionarios y empleados judiciales, sino del entorno colectivo en el que aquélla ejerce la importante facultad de solución de controversias y conflictos sociales.

RIV¿La llamada politización de la justicia en este país exige una mayor autonomía de esta rama del poder público?

JLB Estimo que la pregunta comporta un sesgo o limitante analítico o valorativo que, de entrada, es decir, desde el interrogante mismo, implica toma de postura.

Por ello, para tornar la respuesta más incluyente desde el punto de vista conceptual, indicaré que si por «politización de la justicia» se entiende, lo que es de dominio común, es decir que las decisiones son parcializadas y, así, atienden al amparo o patrocinio de determinados intereses, incluso criminales, rechazo con ahínco tal planteamiento.

Reitero que, pese a las múltiples dificultades, la imparcialidad e independencia continúan gobernando la actividad de la Rama Judicial y de sus funcionarios y empleados probos e idóneos desde el punto de vista ético, que, por fortuna, somos mayoría.

“Hago propicia esta entrevista para llamar la atención del nuevo gobierno nacional para que, en aras de la efectiva consolidación, no sólo de la autonomía, sino también de la independencia funcional, así como de la justicia pronta y eficaz, aplique y comprometa más recursos para nuestra Rama Judicial”

RIV ¿Qué obstáculos puede enfrentar la demanda de una justicia oportuna y eficaz en nuestro país?

JLB Principalmente, la estrechez o limitación de los recursos que genera congestión y mora e impide la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación (TICS).

Y es que el axioma de la autonomía funcional se ha visto constantemente rezagado y afectado por la falta de recursos. Una simple revisión de los sucesivos presupuestos nacionales permite arribar a dicha conclusión -en contraste con lo que ocurre con otros sectores como el de defensa-.

De esta manera, hago propicia esta entrevista para llamar la atención del nuevo gobierno nacional para que, en aras de la efectiva consolidación, no sólo de la autonomía, sino también de la independencia funcional, así como de la justicia pronta y eficaz, aplique y comprometa más recursos para nuestra Rama Judicial. Planteado de otra manera, la verdadera realización de tales principios constitucionales y de dicha aspiración colectiva sólo se tornará viable cuando la Justicia cuente con medios materiales que le permitan lograr dicho propósito -entre otros componentes-.

También inciden factores humanos-psicológicos tales como el apego al formalismo y la resistencia al cambio de muchos funcionarios y empleados en relación con las nuevas dinámicas procesales (oralidad y poderes de dirección de los trámites que, en el ámbito ideal, evitarían la dilación).

RIV Colombia es un país con muchas leyes, códigos y abundante legislación, pero los  índices delincuenciales aumentan y la criminalidad se diversifica con unas cárceles que no dan abasto, ¿qué puede estar fallando en el sistema?

“El derecho penal no puede ser la primera respuesta a las problemáticas sociales ni, menos su solución. Todo lo contrario, las agrava, muestra indiscutible de ello es el estado de cosas inconstitucional, sostenido, en las cárceles colombianas”

JLB Lo que se me plantea patentiza con claridad la ausencia de una verdadera política criminal de Estado. Demuestra que el derecho penal no puede ser la primera respuesta a las problemáticas sociales ni, menos su solución. Todo lo contrario, las agrava, muestra indiscutible de ello es el estado de cosas inconstitucional, sostenido, en las cárceles colombianas.

El derecho penal debe ser la respuesta extrema, bajo la premisa de la última ratio o mínima intervención como límite esencial y obligado al poder punitivo.

Legislar con efervescencia, perturbación y contrariando la técnica, conlleva, entre otras disfuncionalidades, al aumento irreflexivo de penas para los delitos existentes, a la reducción de los beneficios para los condenados, a la contracción de garantías procesales, así como a la creación de nuevas tipologías delictivas que, a su vez, al ser aplicadas por la Rama Judicial, generan inseguridad jurídica.

En últimas, el expansionismo -o hiperinflación legislativa- penal se acompasa con sociedades, como la nuestra, con un alto índice de desigualdad económica que, además, pese a la constante producción de normas sustanciales y procesales, son ineficaces para reducir los registros delincuenciales, así como para contraer la criminalidad, tal como ha quedado evidenciado con suficiencia en la realidad colombiana.
El llamado es a la implementación de una política criminal de Estado, coherente y consistente, que viabilice una criminalización primaria y una producción de normas adjetivas que no se lleven a cabo por azar, de manera improvisada, sino como resultado de la gestión técnica y coordinada de un conjunto de agencias públicas, que, incluso, involucre a la academia.

“La existencia misma de una corporación de justicia centenaria como el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, constituye muestra irrefutable de la importancia de la Rama Judicial en la historia republicana de la nación”

RIV ¿Qué importancia tiene la celebración de los 170 años del Tribunal Superior de Justicia de Buga?

JLB La existencia misma de una agencia o corporación de justicia centenaria como el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, constituye muestra irrefutable de la importancia de la Rama Judicial en la historia republicana de la nación, incluso con antelación a la consagración de un Estado Social y Democrático de Derecho.

Además, tal celebración patentiza, en el entorno colectivo, la trascendencia que tiene la facultad de solución de controversias y conflictos sociales.

Fotos:Cortesía Germán Goméz,Director de Comunicaciones Corte Suprema de Justicia.