En los últimos años, Guadalajara de Buga ha enfrentado una serie de desafíos sociales, ambientales y de infraestructura. Uno de los temas más polémicos actualmente es la ampliación de la vía Buga-Buenaventura, en especial en lo que concierne a la preservación del “Túnel Verde” y las afectaciones ambientales y sociales que la obra podría ocasionar. Este artículo busca exponer las principales preocupaciones de la comunidad y resaltar la importancia de una participación ciudadana activa en la planificación y ejecución de este proyecto.
La necesidad de participación ciudadana activa
Guadalajara de Buga, una ciudad con una rica historia y una vibrante identidad cultural, necesita de sus ciudadanos para proteger sus derechos y su territorio. La comunidad ha expresado con claridad que los derechos fundamentales no son algo que se mendiga, sino que se exige, tal como lo establece el marco de un Estado Social de Derecho. Sin embargo, la efectividad de las reclamaciones del pueblo depende de su nivel de organización, así como de la claridad en los planes, estrategias y objetivos de quienes luchan por sus derechos. 
En un contexto donde los problemas ambientales, de violencia y ornato parecen estar fuera de control, resulta fundamental que los ciudadanos tomen un papel activo en la toma de decisiones que afecten su entorno. Un ejemplo de este compromiso se puede ver en el proyecto de la ciclorruta, liderado por el exalcalde John Harold Suárez.
El esfuerzo de John Harold Suárez: más de una década para lograr una ciclorruta
Desde el año 2004, John Harold Suárez, exalcalde de Buga, inició una ardua lucha por la inclusión de una ciclorruta en los planes de infraestructura de la ciudad. Durante sus periodos como alcalde, en 2012 y 2015, buscó incansablemente que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) asignara los estudios y diseños necesarios para el proyecto, ya que en un principio no estaba contemplado.
Sin embargo, fue cuando Suárez llegó al Senado que sus esfuerzos dieron frutos. Desde esta posición, logró gestionar el presupuesto para llevar a cabo la obra, que finalmente se materializó en 2022. La ciclorruta no solo representa un avance en infraestructura, sino que también simboliza un compromiso con la movilidad sostenible y la mejora del bienestar ciudadano. Este logro es un testimonio de la perseverancia de Suárez y de la importancia de la participación activa de los líderes y ciudadanos en los procesos que afectan su entorno.
El impacto ambiental y la preservación del Túnel Verde
Uno de los puntos más delicados de la discusión sobre la ampliación de la vía Buga-Buenaventura es la posible afectación del Túnel Verde, una zona de entrada occidental a la ciudad que podría verse comprometida. Aunque la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) ha negado la solicitud de tala, la comunidad sigue exigiendo mayor transparencia.
Fabio Lozano Rivera, uno de los líderes comunitarios más vocales, ha subrayado la importancia de proteger el Túnel Verde y los árboles que lo componen. Lozano destaca la necesidad de una evaluación individualizada de cada árbol, enfocada en su salud y en tratamientos preventivos para asegurar su preservación. “Nadie conoce el texto de la resolución firmada”, comenta Lozano, en referencia a la falta de transparencia sobre las decisiones que afectan esta importante zona verde de la ciudad. Su preocupación refleja un sentir generalizado en la comunidad, que ve el Túnel Verde no solo como un símbolo natural, sino también como una barrera de defensa frente a los efectos del cambio climático.
Lozano recalca que el respeto a la naturaleza debe ser compatible con la seguridad vial, pero que nunca debe comprometer los derechos fundamentales de los ciudadanos a vivir en un entorno saludable. La comunidad exige un diálogo abierto sobre las medidas de mitigación ambiental que se implementarán y un análisis detallado de las patologías de los árboles antes de considerar su tala.
Problemas estructurales y exigencia de transparencia
Además del impacto ambiental, la comunidad de Buga ha expresado su preocupación por problemas estructurales en el trazado de la vía Buga-Buenaventura, como el manejo de los recursos hídricos. Casos como el del caño Carlina y los pontones de desagüe de la laguna de Sonso son ejemplos de áreas que necesitan soluciones adecuadas antes de continuar con la obra.
Otro de los temas que inquieta a los ciudadanos es la posibilidad de instalar un nuevo peaje o reubicar el existente en Loboguerrero. Ante esta situación, la comunidad exige transparencia y un diálogo abierto con las autoridades para garantizar que sus preocupaciones sean atendidas.
Derechos fundamentales y audiencias públicas
La comunidad ha sido enfática en que el respeto a sus derechos fundamentales debe ser una prioridad. Han solicitado que se realicen audiencias públicas para socializar el trazado de la vía y otros aspectos del proyecto, con la participación de todas las entidades y autoridades involucradas. Estas audiencias deberían llevarse a cabo de manera periódica, para garantizar que la ciudadanía esté informada sobre los avances y dificultades del proyecto.
Fabio Lozano, al igual que muchos otros líderes comunitarios, ha insistido en la importancia de audiencias de socialización que sean amplias y participativas, para que la comunidad pueda resolver todas sus dudas y sentir que su voz es escuchada. “Es necesario que la ciudadanía esté al tanto de los avances y dificultades de la obra”, subraya Lozano.
Este artículo fue escrito por Karime Loaiza para su publicación en Revista Imagen de los Vallecaucanos, tomando como base las reflexiones y aportes de Fabio Lozano Rivera sobre la vía Buga-Buenaventura y destacando la gestión del exalcalde y senador John Harold Suárez en la creación de la ciclorruta.