Vacunas hasta para las personas que han hecho de la venta de arepas, en una sencilla parrilla afuera de su casa, es lo que de manera sorprendente se registra en municipios vallecaucanos como Guadalajara de Buga.
Y lo aterrador aquí, es que la mencionada vacuna. no corresponde a la famosa, promovida y también, por algunos, cuestionada, vacuna anticovid, de la que tanto se ha hablado.
Pues en esta ocasión, la referida “vacuna”, es la cuota extorsiva, que sujetos que han hecho del delito una profesión, le exigen como una obligación a humildes mujeres que deben madrugar para moler y amasar maíz, permaneciendo de pie varias horas y soportando el calor que expiden las brasas del asador.
El caso aquí presentado, tiene unos matices “locombianos”, utilizando una expresión poco castiza pero popularmente precisa, en la que sorprende la calificada auditoría que estás bandas le están haciendo a estas sencillas personas, quienes con la mayor agudeza que podría tener un funcionario de la dirección de impuestos nacionales, logran determinar la cuota que cualquiera de estas mujeres, deben entregar, después de que cada una de ellas termina rendida de cansancio, con el cuerpo asado de los pies a la cabeza y conservando el riesgo de torcerse al mojarse hasta un dedo de la mano.
La cosa es que llueva, truene o relampaguee, como tiene a la comunidades acostumbradas por esta épocas el “fenómeno de la Niña”, hay que pagarle la “vacuna” a los extorsionistas.
Por supuesto, que relatos como este, seguramente que no reposan en ninguna unidad de fiscalías, ni en alguna inspección de Policía, porque según lo que se habla en los rincones de las viviendas, “ es mejor la seguridad que la policía y evitarse problemas.” .
Evidentemente que lo anterior es desolador de contemplar en una sociedad que se dice de derecho con unas instituciones democráticas y organismos de seguridad, con un presupuesto que no se alcanza a comparar con el de aquella humilde mujer cabeza de hogar, que se debe moler la espalda para sostener a sus hijos y hasta abuelos, e ir ahorrando para contemplar el sueño de una casa propia o como se diría, engordar el marranito de la alcancía para hacer el ranchito.
La mayor tristeza aquí, es que hasta los sueños se los están robando a los colombianos humildes, emprendedores y trabajadores que luchan por vivir con dignidad .
El caso de la Ciudad Señora, que seguramente se puede replicar en otras zonas de Colombia, es un reflejo de los índices de impunidad que han sido registrados en otros medios nacionales, con datos entregados por entidades del Estado como el DANE, en donde según una de la últimas encuestas sobre convivencia y seguridad ciudadana, la proporción de los que no denuncian supera el 70% con una tendencia que va en aumento.