Hospitales deberán prestar servicio de UCI aunque no tengan convenio con EPS  

Hospitales deberán prestar servicio de UCI aunque   no tengan convenio con EPS hospitales, atendiendo  a los pacientes con Covid-19 que lo requieran.

Así lo establece la Resolución 914 de 2020, del Ministerio de Salud, mediante la cual se definen las tarifas que las EPS deben pagar a las IPS por servicios UCI prestados a pacientes con covid-19.

Según la fuente del  Ministerio de la Salud y Protección Social: ”la medida se adopta tomando en cuenta que algunos territorios en el país presentan un aumento significativo de la ocupación de unidades de cuidado intensivo intermedio y de unidades de cuidado intensivo adulto, pediátrico y neonatal, por causa del covid-19”.

“Una vez se confirme que el usuario requiere los servicios de UCI, la EPS deberá anticipar el 50 por ciento del valor pactado en el acuerdo de voluntades o el 50 por ciento del valor de la tarifa establecida en la resolución”.

Según la Viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy Casadiego: “De esta manera, el Ministerio de Salud y Protección Social estableció, mediante Resolución 914 de 2020, el valor de referencia que las EPS deben pagar a las IPS por servicios UCI para la atención de pacientes con covid-19, en los eventos en que no exista acuerdo entre la EPS a la que está afiliado el usuario y el hospital o IPS privada que brinda estos servicios”.

Según  Resolución 914, para el caso en que previamente existan acuerdos de voluntades entre la EPS y la IPS para los servicios de unidades de cuidado intensivo y unidades de cuidado intermedio adulto, pediátrico y neonatal, se pagará a la tarifa pactada.

En caso de  no existir acuerdo de voluntades entre asegurador y prestador, la resolución establece las respectivas tarifas que se deben pagar.

Así mismo, en la Resolución 914, el MinSalud también estableció que, una vez se confirme que el usuario requiere los servicios de UCI, la EPS deberá anticipar el 50 por ciento del valor pactado en el acuerdo de voluntades o el 50 por ciento del valor de la tarifa establecida en la resolución para el caso en el que no hayan acuerdos entre asegurador y prestador.