El hacinamiento carcelario tiene contra las rejas al Estado colombiano, algo que más que una realidad es un drama humanitario en un país como Colombia en el que los derechos humanos de los internos parece que quedaron en el olvido dentro un sistema que enfrenta escándalos de corrupción.
Imagen superior: Hacinamiento cárcel Villahermosa de Cali. Foto del Periódico El País-Cali.
Este hecho ha intentado ser mitigado ante la opinión pública con las últimas declaraciones de la Ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello, quien según afirmó: “su cartera avanza en un plan de choque para enfrentar el hacinamiento carcelario que afecta a estaciones de Policía, Unidades de Reacción Inmediata (URI) y centros de reclusión, anunciando que “en total ayudaremos con unos 20 mil nuevos cupos” en diferentes zonas del país”.
Más cárceles la solución
Lo que no ha quedado claro para los entendidos es si la respuesta del Gobierno Nacional obedece exclusivamente a espacios para la ubicación de los internos, ya que lo que se encuentra en el fondo es todo un sistema de redención de penas en unos centros en los que en lugar de encontrar los internos las condiciones para empezar a adelantar un proceso de resocialización, las tienen para afirmarse en su condición criminal, en unas situaciones deplorables agudizadas para quien no tiene dinero.
Todo en medio de un clima que auspicia el resentimiento y el rencor hacia una sociedad que de una u otra manera participa en la responsabilidad de haberle faltado algo para que el individuo desde su infancia hubiera podido ser orientado con unas oportunidades, bajo unos principios y valores que le impidieran torcer su camino.
Faltando por considerar los incontables inocentes que han sido víctimas de la falta de justicia y a quienes la carencia de recursos para contar con una vigorosa defensa jurídica los tiene pagando penas que no tendrían por qué estar purgando en los penales del país.
Volviendo a lo que afirma la Ministra: “el hacinamiento carcelario es motivo de preocupación para el Gobierno Nacional, explicando que cuando una persona es capturada se lleva a una Unidad de Reacción Inmediata (URI), y que de allí se remite a un centro carcelario para sindicados o procesados, no para condenados”.
En este sentido se refirió al artículo 17 del Código Penitenciario que “asigna a los entes territoriales la función de encargarse de los sindicados o procesados”.
Agregando además que “dos sentencias de la Corte Constitucional confirmaron que era una responsabilidad de dichos entes, manifestando que los presupuestos municipales y distritales deben incluir partidas para tal fin”.
Se le cargarían a los municipios el sostenimiento de las cárceles
De acuerdo a lo anterior estaría la probabilidad que a los municipios se les cargara de alguna manera la responsabilidad del sostenimiento de las cárceles, algo que genera serias inquietudes, sobre todo para aquellas pequeñas entidades territoriales que les toca acudir a todos los malabares para gestionar los recursos de las obras presupuestadas dentro de los planes de desarrollo.
Obras en marcha
Según la jefe de la cartera de Justicia, “ya se adjudicó la construcción de la cárcel de San Ángel en Magdalena, que generará 1.500 cupos”.
Igualmente, señaló que fueron contratados los diseños para la cárcel de Riohacha, que representará 1.500 cupos, y ya se recibió el lote para construir la cárcel del municipio de Candelaria (Atlántico), que aportará 5.000 cupos.
Indicando además que se contrataron estructuras modulares que en el lapso de diez meses serán construidas en Cartagena, Santa Marta, Barranquilla e Itagüí (Antioquia).
