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NUEVA REFORMA TRIBUTARIA. ¿REALMENTE ES NECESARIA?

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¿SIMPLEMENTE SERÁ QUE SE TRATA DE TAPAR LA INEFICACIA E INEFICIENCIA DE NUESTRO SISTEMA TRIBUTARIO Y DE NUESTRAS LEYES PARA CASTIGAR  A EVASORES, ELUSORES  Y

                                                           DELINCUENTES?.

                                                                                                                                   POR:JAVIER MORALES MONTOYA

Asesor Presupuestal y Financiero

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LO QUE TODO EMPRESARIO TIENE QUE SABER SOBRE EL DECRETO 1072 ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO. POR ÁNGELA MARÍA GÓMEZ

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El decreto 1072 del 26 de mayo del 2015, conlleva a que las empresas deban implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (SG-SST)

Por: Ángela María Gómez Reyes

Psicóloga Especialista en Salud Ocupacional

Licencia  N.0594 de oct. 2011

angelamago@hotmail.com

 

El decreto 1072 del 26 de mayo del 20015, conlleva a que las empresas deban implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (SG-SST)

De acuerdo a la importancia del tema, especialmente para cada empresario y empleador, respondemos  a las preguntas más frecuentes:

 

 ¿Qué solicita este decreto al empleador?

R/  Sustituir o  re-emplazar su programa de Salud Ocupacional y entrar a desarrollar el nuevo modelo SG-SST.

¿Qué tipo de empresas deben implementar este nuevo modelo?

R/ Este decreto aplica a cualquier tipo de empresa pública o privada, con cualquier número de trabajadores.

 

¿Qué pasa si no se implementa?

R/ El incumplimiento de los requisitos establecidos en el decreto por parte de las empresas, será sancionado económicamente con multas de hasta 500 salarios mínimos mensuales legales, vigentes, graduales de acuerdo a la infracción.

 

¿Cuál es el tiempo que se tiene para cumplir esta ley y evitar sanciones?

R/ Los plazos han recibido prórrogas y la última otorgada, al parecer definitiva está así:

 

Empresas de  1 a 10 trabajadores tenían plazo hasta enero del 2016

Empresas  de 11 a 200 hasta julio del 2016

Empresas de 201 o más hasta enero de 2017.

¿Quién vigila la implementación del Decreto?

R/ Las ARL deben ser quienes informen irregularidades en el cumplimiento, pero si la empresa es visitada por el Ministerio de Trabajo y la empresa no cumple con lo ordenado por la ley, no será eximida por la falta de información de su ARL.

¿Quién debe llevar a cabo la implementación de este SG-SST en la empresa?

R/ Preferiblemente una psicóloga especialista en salud ocupacional con licencia vigente, aunque si la empresa no cuenta con este profesional puede buscar una asesoría breve y encargar a alguien de su empresa, a quien debe capacitar con 50 horas virtuales del tema por lo menos con el SENA.

 

Perfil Profesional

La Dra. Ángela María Gómez Reyes es Psicóloga Especialista en Salud Ocupacional con más de 10 años de experiencia  en Control de Riesgos Psicosociales en empresas afiliadas a ARL COLMENA, la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, ARL SURA,  Monómeros Colombo Venezolanos S.A., BRINKS DE COLOMBIA, AXA COLPATRIA,  Dow Química en Soledad Atlántico, COLTABACO, PSICOL, DRUMMOND. Asesora directa en Riesgo Psicosocial del Colegio Bilingüe Internacional Berkeley en Barranquilla y tallerista en temas como: Técnicas Alternativas para el manejo del Estrés, Relaciones Interpersonales, Trabajo en Equipo, Comunicación Asertiva, Liderazgo Transformacional, e Intervención en Crisis de Individuos y Grupos. Consultora y Columnista invitada de la Revista Imagen De los Vallecaucanos Región Pacífico.

 

 

 

¿COMO ENCUENTRAN LOS MANDATARIOS LAS FINANZAS DE LOS ENTES? POR JAVIER MORALES MONTOYA

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              “SALVO POCAS EXCEPCIONES,   EN EL PAÍS LOS MANDATARIOS NO CONOCEN EL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO”

 

 

Por: Javier Morales Montoya

 Economista Universidad del Valle-Asesor en Finanzas Públicas.

Celulares  317-8519705  y  319-2465420

 

A muy pocos meses de posesión en sus cargos los nuevos 1.102 alcaldes y 32 gobernadores han ido teniendo tiempo (los que han estado juiciosos!) de enterarse de cuál es el verdadero estado de las finanzas de sus municipios  y  del departamento. Teniendo la oportunidad de ir conociendo la realidad de las finanzas públicas  y el escaso margen de manejo autónomo que las normas vigentes sobre finanzas publicas les dejan para llevar a cabo una partecita de todos los programas y proyectos que en sus campañas ofrecieron a mano tendida y sin escatimar en costos ni montos.

En realidad, después de evaluar los alcances y logros de la  aplicación de la ley 617 de 2000, encontramos que el país ha logrado avanzar mucho en el saneamiento fiscal y financiero de los entes territoriales pero no aun, para la mayoría de ellos,  en su  fortalecimiento económico.

Encontramos gran cantidad de administraciones territoriales  por todo el país que no se  han preocupado, una vez saneados fiscal y financieramente,  por fortalecer sus recursos propios como una forma de ganar mayor autonomía frente al gasto de inversión, ya que los recursos del famoso sistema general de participaciones –SGP- tienen unas destinaciones muy específicas de ley  en más  del 95%.  Y cuando hablo de fortalecer sus propios recursos, no estoy hablando sino de  cobrar los impuestos municipales y departamentales que efectivamente, año tras año,  se causan.  No estoy hablando de nuevos impuestos,  lo cual solo es potestativo del congreso  y no de ninguna otra instancia.

Es que seguimos encontrando departamentos y municipios que siguen con la pereza fiscal, que los ha caracterizado por décadas, para cobrar lo que la ley les ha dado.  En sus proyectos de presupuesto de ingresos siempre se está proyectando cada año el crecimiento del  recaudo de los principales impuestos  a tasas vegetativas o equivalentes al  IPC del año o, en el mejor de los  casos, con dos o tres puntos adicionales  sobre  lo que se calcula será el recaudo acumulado a finales del año en que se preparan dichos proyectos.

En este último aspecto es importante decir, para  la mayoría de municipios, que existe un gran potencial de aumentar el recaudo  del impuesto predial,  ya que la presupuestación del recaudo  para cada año se da con tasas de crecimiento que en ningún momento consultan la verdadera causación de este impuesto (el más importante a nivel de recaudo para la mayoría de ellos) y solo su crecimiento hace referencia, tal como se dijo ya a crecimientos mínimos con relación al recaudo anual e histórico (IPC  más  dos  o  tres puntos adicionales).

Se ha demostrado, en muchos casos,  municipios donde el nivel de presupuestación del recaudo de este impuesto equivale  a solo el 60% de lo efectivamente liquidado o causado cada año.  Esto demuestra el  poco interés de cobrar efectivamente una renta que es bien dinámica y, en cambio, por la falta de gestión, se ven abocados a ejecutar un presupuesto de gastos que, año tras año, va a reflejar igual crecimiento tan pobre  como el de los ingresos, con un crecimiento vegetativo,  y a seguir guardando una alta dependencia de las transferencias del estado nación o del  logro de la cofinanciación de proyectos de inversión con el nivel nacional  ya que, hoy día, la mayoría de departamentos están quebrados y no cuentan con recursos para cofinanciación.  

Lo anterior por no hablar de otros impuestos como el de industria y comercio o el de vehículos.

Lastimosamente sigue existiendo entre nuestra clase política y dirigente un gran desconocimiento de las finanzas  públicas (quizá por su complejidad  y cantidad de normas sobre  tal  tema)  que les ha impedido conocer  un poco más a profundidad el estado de las mismas en el ente  territorial que gobiernan y aquí es donde precisamente se puede decir que, salvo unas muy pocas excepciones  en el país,  la mayoría de mandatarios no conocen el marco fiscal de mediano plazo (ley 819 de 2003) el que se constituye en una verdadera carta de navegación financiera  a un mediano plazo -10 años-  el cual, cuando se realiza con verdadero conocimiento de las finanzas públicas  y de una forma responsable y objetiva, se puede decir que muestra con un alto grado de certeza, el futuro financiero del ente territorial y los esfuerzos que se deben realizar, en el presente y el futuro, para lograr unas finanzas más robustas y un fortalecimiento del gasto de inversión financiado con fuentes propias de recursos.

Desconocer la situación fiscal de un departamento o de un municipio, puede conllevar a una gran laxitud en la parte financiera, a desaprovechar grandes oportunidades de cumplirle a la comunidad con obras y proyectos de carácter social  y  a no apoyar, de forma efectiva y eficiente,  a los funcionarios del área de la hacienda pública para cumplir con sus funciones de una forma más decorosa y oportuna.

Señores mandatarios, la época de vacas flacas le ha llegado al país y durara algunos años. Recortes presupuestales seguirán llegando y las posibilidades de conseguir recursos de cofinanciación con la nación cada día  serán más difíciles por lo cual se debe reconsiderar  la gestión territorial en la consecución de nuevos recursos, sin aumentar los impuestos,  solo cobrando los existentes!

Finalmente, no olvidemos que en noviembre pasado el gobierno nacional se vio obligado a un recorte presupuestal de $9.000.000.000.000  (nueve billones de pesos!) y más recientemente,  el pasado día 04 de este mes de marzo,  a un aplazamiento del gasto público nacional de $5.3 billones.  No olvidemos que muchos de estos recursos  corresponden a gastos de inversión, de aquellos que los ministerios y otras entidades del estado invierten en las regiones!

 

Desconocer la situación fiscal de un departamento o de un municipio, puede conllevar  a desaprovechar grandes oportunidades de cumplirle a la comunidad con obras y proyectos de carácter social  

La responsabilidad de conocer el marco fiscal de mediano plazo como un documento de carácter financiero y económico del ente territorial  que ofrece un diagnóstico de la situación fiscal y  muestra el futuro a mediano plazo, es no solo responsabilidad del área financiera del municipio o departamento sino y,  ante todo,  de los  mandatarios, sus secretarios  y los   concejales y diputados.

Una cosa es conocer el presupuesto anual como un documento de corto plazo (a solo un año)  y otra, muy diferente,  conocer el marco fiscal como documento o carta de navegación financiera  a un mediano plazo de diez años.

y saber que seguimos encontrando,  municipios medianos o pequeños, sobre todo,  que no preparan este documento de ley, o no lo hacen con la responsabilidad debida, no lo conocen o no le dan la importancia debida.  Son entes territoriales que finalmente andan al garete, sin un claro horizonte financiero y económico, lo que podría llamarse, si acaso, planeación al día o planeación de una tienda.

 

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