¿Se Justifica, ante resultados, cobrar más impuestos para la seguridad en el Valle del Cauca?

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A raíz del cobro del impuesto para la seguridad dispuesto por el actual gobierno departamental, se han generado varias manifestaciones que ha cuestionado la legalidad de este cobro.

En este sentido desde la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca la Diputada Juanita Cataño se ha pronunciado rechazando este cobro que recae sobre los estratos 4 en adelante, junto  al sector comercial y empresarial.

Entre todo este debate sobre ilegalidad o legalidad de este impuesto que ya ha entregado a las arcas departamentales la suma de 5 mil millones de pesos y que proyecta recaudar 15 mil millones a diciembre de 2017,(según comunicado entregado por el gobierno departamental)saltan a la vista los resultados obtenidos a partir de esta iniciativa,  generando hasta el momento un gran interrogante frente a la ola de inseguridad que se registra en varios de los municipios del Departamento del Valle del Cauca y  su capital Cali, en donde pareciera que en lugar de descender la percepción de inseguridad, esta ha aumentado, con el reporte continuado de atracos, muertes violentas, asaltos callejeros y acciones delictivas en contra de ciudadanos, empresarios y comerciantes, que pone a pensar seriamente sobre la eficacia que se está teniendo por parte del ente departamental, justificándose  de esta forma la inversión de estos recursos.

El dinero que se invierte tomado del bolsillo de los contribuyentes para la mejora de planes como el de la seguridad debe ofrecer resultados palpables que vayan más allá de las estadísticas  escuetas que no le recuperan el patrimonio ni la vida a nadie, pues  de lo contrario debe revisarse si el problema hay que buscarlo en la gestión administrativa y operativa eficaz de las entidades responsables de prestar este servicio, antes que en  sacarle más plata a la gente.

Seguimos presenciando situaciones de atención tardía  de víctimas, luego de ser atracadas a relativamente escasa distancia de los comandos policiales y en sectores por los que frecuentemente hay patrullaje.

El hecho está en que la misma comunidad empieza a dudar y cuando esto pasa hay que decir que cada persona tiene justificaciones para realizar cuestionamientos sobre el compromiso pleno en la defensa de la integridad de cada habitante por parte de los funcionarios de Estado que reciben un pago y unos recursos asignados para cumplir con  esta misión que es un mandato constitucional.

Empresario y comunicador con cerca de 20 años de experiencia en el campo del mercadeo y la publicidad en los medios impresos e internet, ha sido asesor de varias campañas exitosas de posicionamiento del nombre de personas en el ámbito del ejercicio público y empresarial, siendo a su vez pionero del desarrollo de plataformas virtuales de guías comerciales en Colombia.

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